La Liga Internacional contra las Detenciones Arbitrarias (ILAAD), junto con JusticiaXLibertad y el abogado de derechos humanos venezolano Eduardo Torres, han presentado una solicitud de acción urgente al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA).
DESAPARICIÓN FORZADA DE 34 PERSONAS ACUSADAS DE CONSPIRAR PARA MATAR AL PRESIDENTE
Esta acción se refiere a la reciente detención arbitraria de 19 ciudadanos extranjeros y 15 ciudadanos venezolanos en la República Bolivariana de Venezuela, acusados de planear el asesinato del presidente Nicolás Maduro.
El 17 de octubre de 2024, el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció las detenciones en una conferencia de prensa televisada, alegando que los individuos eran “mercenarios” involucrados en un plan de la CIA y del Centro Nacional de Inteligencia de España para desestabilizar Venezuela.
A pesar de esta declaración pública, las autoridades no han revelado el paradero de los detenidos, sometiéndolos efectivamente a detenciones incomunicadas, una práctica que el GTDA ha vinculado a un alto riesgo de tortura y malos tratos.
Los detenidos fueron arrestados en varias operaciones en septiembre y han sido mantenidos en lugares secretos, interrogados sin representación legal o contacto con sus familias. El Sr. Cabello afirmó que los detenidos “confesaron” planes de violencia, lo que genera serias preocupaciones sobre posibles confesiones forzadas.
ILAAD señala que esto constituye una violación de los derechos humanos básicos de los detenidos, incluyendo la libertad de la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada, y recuerda que usar a detenidos extranjeros como apalancamiento en las relaciones entre Estados es una violación flagrante del derecho internacional.
SOLICITUD DE ACCIÓN URGENTE AL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA
La solicitud de acción urgente apela al GTDA para que inste a Venezuela a tomar las medidas adecuadas para revelar de inmediato la ubicación de los detenidos y garantizar un proceso legal adecuado, acceso consular y verificación independiente de su seguridad y bienestar, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Venezuela.
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